Los contratos relacionados con la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) requerirían la aprobación de hasta siete entidades distintas y, mientras eso ocurre, la ciudadanía no tendría detalles de las propuestas bajo consideración.

Así se desprende del borrador del reglamento que la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP) preparó para regir la implantación de laLey para Transformar el Sistema Eléctrico (Ley 120-2018).

En entrevista con El Nuevo Día, el director ejecutivo de la AAPP, Omar Marreroadmitió ayer que el reglamento propuesto impone medidas adicionales de confidencialidad respecto al proceso ordinario para establecer alianzas público-privadas.

Rechazó, sin embargo, que se trate de un intento por ocultar información sobre las transacciones en la AEE.

“Siempre ha sido así, pero ahora estamos ante una transacción que representa mucho y tiene un contexto histórico. Pero aquí no se está ocultando información. Una vez se cierra la transacción, es que el proceso se hace público”, dijo Marrero.

El borrador indica que las propuestas de alianzas público-privadas energéticas se pactarían en “contratos de transformación”. Eso incluye la venta o transferencia de los activos de generación, así como la delegación de funciones o servicios de la AEE.

Cadena de aprobaciones

Según el documento, los contratos serían aprobados, en primer lugar, por el Comité de Alianza, un grupo designado por la AAPP para evaluar y seleccionar proponentes, y para establecer y negociar los términos y condiciones que considere apropiados.

El Comité de Alianza para las transacciones de la Ley 120 estaría compuesto por el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) o su delegado, un funcionario de la AEE “con injerencia en el proyecto”, un miembro de la Junta de Gobierno de la AEE y dos funcionarios de cualquier entidad gubernamental escogidos por la AAPP “por sus conocimientos y experiencias en el tipo de proyecto”.

La segunda aprobación la daría el Negociado de Energía, que emitiría un Certificado de Cumplimiento de Energía. La Junta de Directores de la AAPP y la Junta de Gobierno de la AEE estarían a cargo de la tercera y cuarta aprobación, respectivamente.

La quinta ratificación recaería sobre la Junta de Supervisión Fiscal, siempre y cuando sea requerida conforme a las disposiciones de la ley federal Promesa.

Luego, el gobernador tendría que aprobar el contrato, lo que debería completar en 30 días. Si al cabo de ese tiempo no ha emitido su aval, el acuerdo se consideraría rechazado.

La séptima y última aprobación sería de la Asamblea Legislativa, pero únicamente para aquellos contratos relacionados con la venta de activos de generación. El Senado y la Cámara de Representantes tendrían 45 días para ratificar una resolución concurrente. Si al cumplirse ese término no ha ocurrido, el contrato se consideraría aprobado.

Una vez se completen todos estos pasos, la AAPP publicaría el informe sobre el proceso de licitación, selección y negociación. No obstante, el borrador dice que se mantendría confidencial toda información propietaria o privilegiada del proponente, así como los “secretos de negocio”.

“Daño reputacional”

Marrero explicó que el proceso ordinario de las alianzas público-privadas conlleva cuatro autorizaciones, en vez de siete. Esas autorizaciones recaen sobre el Comité de Alianza, la Junta de Directores de la AAPP, la Junta de Gobierno o el secretario de la agencia pertinente y el gobernador.

En cuanto al aval legislativo, indicó que históricamente se ha procurado cuando son transacciones que conllevan transferencia de titularidad. Marrero recordó que la Legislatura aprobó, en su momento, las ventas de la Telefónica de Puerto Rico y la Autoridad de las Navieras. “Estamos respetando lo que ha sido la tradición jurídica”, recalcó.

Según el funcionario, aunque los detalles de los “contratos de transformación” no se conocerían hasta que las siete entidades los avalen, sí se publicaría “otra información” durante el proceso. Mencionó, por ejemplo, los nombres de los proponentes cualificados y la solicitud de propuestas. “Cualquier otra cosa que se publique puede representar un daño reputacional o económico para los proponentes”, sostuvo.

El borrador está disponible para comentarios hasta este viernes, 15 de febrero. Si desea enviar los suyos, puede escribir al email[email protected] o por correo regular al PO Box 42001, San Juan, P.R. 00940-2001.

 

Fuente: ElNuevoDía