Washington – A 17 meses del huracán María, los desembolsos del gobierno federal relacionados con la emergencia rondan los $19,000 millones, de acuerdo con un análisis de El Nuevo Día.

De esos, solo los $1,507 millones otorgados bajo el programa de desarrollo comunitario para atender desastres (CDBG-DR, en inglés) están relacionados con el proceso de reconstrucción que promueve el gobierno luego del desastre que causó cerca de 3,000 muertes y más de $100,000 millones en daños.

Aunque el desembolso de $18,987 millones ha ayudado a mitigar la emergencia, menos de la mitad ha entrado directamente al presupuesto del gobierno.

Por ejemplo, $5,000 millones han ido a la reparación del sistema eléctrico, un trabajo que, aunque supuso un ahorro para el gobierno de Puerto Rico, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) dejaron casi exclusivamente en manos de empresas estadounidenses.

También se incluyen en el estimado de fondos dirigidos a atender la emergencia los préstamos autorizados por la Administración de Pequeños Negocios de Estados Unidos (SBA, en inglés), por un total de $2,206 millones, y los fondos del programa para mitigar desastres (CDL) de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) que se han otorgado a municipios, que alcanzan los $294.4 millones.

Mientras camina con lentitud la entrega de los fondos federales estrictamente dirigidos a la reconstrucción del país, los desembolsos que han podido ser corroborados representan el 42% de los $45,000 millones ya asignados o prometidos a Puerto Rico.

Sin embargo, esos recursos solo constituyen un 19% de los $100,000 millones en fondos federales que proyecta el plan de recuperación y reconstrucción más optimista del gobierno puertorriqueño.

Desde el azote del huracán María y hasta el 13 de febrero, FEMA había desembolsado al gobierno central de la isla $2,257 millones en reembolsos relacionados con los trabajos de emergencia.

A los municipios, mientras, FEMA les ha desembolsado $262.6 millones en asignaciones de emergencia –incluido el dinero para cubrir los gastos de recogido de escombros– y $294.4 millones en préstamos del programa CDL.

La asistencia de esa agencia federal al gobierno central, desde 2017, es menor que el estimado de $3,400 millones que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) calculó que recibiría Hacienda solo este año fiscal, que termina en junio.

“En el caso de FEMA, en particular, estos retrasos, en ocasiones, parecieran intencionales por ser causados por la falta de toma de decisiones o cómo se va a implementar la estructura (para las obras permanentes) y la forma de hacer todas las evaluaciones de daños y costos”, indicó el director ejecutivo de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (Prfaa), Carlos Mercader.

La directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, reconoció en una entrevista reciente que “los fondos federales están llegando de manera más lenta de lo que proyectamos” y sostuvo que la causa de los retrasos está tanto en Washington D.C. como en San Juan.

Un portavoz de FEMA indicó que es “irresponsable” hablar de un retraso intencional.

“FEMA no ha impedido la asistencia ni ha retrasado ningún desembolso. No hay evidencia de que FEMA haya retrasado intencionalmente el desembolso de fondos para el proceso de recuperación”, sostuvo Juan Andrés Muñoz, director de Asuntos Externos de FEMA en Puerto Rico.

Por otro lado, según las proyecciones que ha hecho la jefa de la Administración de Seguros de Salud (ASES), Ángela Ávila, el erario de la isla debe haber reclamado al terminar este mes alrededor de $3,220 millones de los $4,800 millones en fondos de Medicaid autorizados por el Congreso para ayudar con la recuperación del sistema de salud.

En una entrevista reciente, Ávila dijo que, desde enero de 2018, el gobierno ha utilizado un promedio de $230 millones de los fondos de emergencia de Medicaid.

A menos que se apruebe nueva legislación que enmiende su uso, el gobierno tiene hasta septiembre, cuando vence el año fiscal federal 2019, para utilizar todo el dinero, sostuvo Mercader.

Ayuda para las familias

Un estudio de la Universidad de Michigan indicó, en enero, que a seis meses del huracán Harvey, en Texas, los supervivientes habían recibido $13,000 millones en asistencia de FEMA.

En la isla, en cambio, la asistencia a familias e individuos era hasta la semana pasada una sexta parte de la ayuda otorgada a Texas. Los datos oficiales indican que, hasta el 13 de febrero, FEMA había distribuido $2,300 millones a familias e individuos en Puerto Rico.

En términos generales, los investigadores de la Universidad de Michigan encontraron –como ha reseñado este medio– que la respuesta federal a la emergencia que causó en Puerto Rico el huracán María fue lenta e ineficiente, en comparación con la que se dio a los ciclones Harvey e Irma.

La reconstrucción

Si el proceso de recuperación ha caminado con lentitud, el gobierno de Puerto Rico considera que el problema ha sido mayor en el acceso a los fondos que marcarán el proceso de reconstrucción.

No fue hasta hace unos días que el Departamento de la Vivienda federal (HUD) autorizó el desembolso de los primeros $1,507 millones –de casi $20,000 millones– en fondos CDBG-DR.

En una carta a la senadora demócrata Elizabeth Warren (Massachusetts), quien reclamó información a HUD, el secretario adjunto de ese departamento para Relaciones Intergubernamentales y Congresionales, Len Wolfson, sostuvo que no fue hasta el 10 de enero que el gobierno de Puerto Rico terminó de proveer la información bancaria para poder hacer los depósitos.

Wolfson, sin embargo, aceptó que el cierre parcial del gobierno federal, que duró 35 días –del 22 de diciembre hasta el 25 de enero– retrasó el ritmo de los trabajos.

El secretario de la Vivienda de Puerto Rico, Fernando Gil Enseñat, dijo que abrieron la cuenta desde septiembre de 2018, presentaron toda la información bancaria el 27 de diciembre y no fue hasta el 8 de enero de 2019 –sea por el cierre parcial federal o la época de Navidad– que HUD reclamó más información.

De acuerdo con HUD, no fue hasta hace dos semanas –el 8 de febrero– que los fondos comenzaron a ser desembolsados.

El gobierno de la isla ha sido particularmente crítico del trato que le da FEMA como “jurisdicción de alto riesgo” al momento de estimar los costos de proyectos de obra permanente. El gobernador Ricardo Rosselló Nevares ha denunciado ante el Congreso que FEMA no accede a cubrir los costos de reparación de condiciones previas en infraestructura pública.

La negativa de FEMA a incluir la reconstrucción de infraestructura dañada antes del huracán es lo que ha provocado, según la secretaria de Educación, Julia Keleher, que el estimado de $1,400 millones que invertiría esa oficina federal en obras permanentes en 64 escuelas de la isla se haya reducido a unos $425 millones.

Mercader afirmó que, en Puerto Rico, FEMA ha tramitado, sin desembolsar fondos, los documentos relacionados con 64 proyectos de obra permanente.

Hace unos días, FEMA autorizó los primeros dos proyectos de obra permanente: la relocalización de los proyectos de vivienda pública Dos Ríos y Alturas de Ciales, a un costo de $18.8 millones.

En Luisiana, un año y medio después del huracán Katrina de 2005, se habían aprobado 10,091 proyectos que sumaban $1,527 millones, dijo Mercader.

Transparencia

La página de internet del gobierno de Puerto Rico no permite seguir el proceso de asignaciones y desembolsos de todos los fondos.

El director de la Oficina Central de Reconstrucción y Recuperación (OCRR), Omar Marrero, dijo que se propone ampliar la información que se publica en el “portal de transparencia” Recovery.pr, que fue una exigencia de FEMA.

El portal –creado por medio de un contrato de $88 millones con la empresa CGI Technologies & Solution– mantiene el balance de las asignaciones y desembolsos de FEMA al gobierno central, los municipios e instituciones sin fines de lucro. Pero, no permite conocer cómo marchan los desembolsos de otras oficinas federales que no son de FEMA a departamentos del gobierno de Puerto Rico, como Educación y Transportación, a los que se les ha prometido, en conjunto, cerca de $1,000 millones.

“Al portal le falta mucho”, insistió Cecille Blondet, directora ejecutiva del grupo de estudio Espacios Abiertos, que ha hecho recomendaciones para que se cumpla con los principios de transparencia internacional, se puedan ver los desembolsos que no son de FEMA, se precise cómo se invierte dinero por sector y quiénes son los contratistas.

Marrero ha indicado que se proponen divulgar los detalles de los contratistas,una vez se pongan en marcha las obras permanentes financiadas por FEMA.

Tras el gobierno presentar un plan que prevé obtener hasta $100,000 millones en fondos federales –por encima de las proyecciones de la JSF–, Blondet indicó que una buena rendición de cuentas ayudará a tener un mejor acceso a fondos.

“Hemos visto que han hecho unos cambios, pero son muy pocos”, indicó Blondet.

La portavoz de Espacios Abiertos sostuvo que una plena transparencia sobre las asignaciones y los desembolsos permitirá dar seguimiento “al horroroso déficit que hay en las proyecciones del plan fiscal” sobre el acceso a los fondos de emergencia.

Joanisabel González colaboró con este reportaje.

 

Fuente: ElNuevoDia