El Departamento de Energía federal es uno de los muchos interesados en este proceso de privatización

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El gobernador Ricardo Rosselló Nevares firmó ayer la nueva Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico. (GFR Media)

Los ojos de los representantes de la industria energética en Puerto Rico y Estados Unidos, así como los expertos, comerciantes, consumidores y el gobierno federal están puestos en la ejecución de la nueva Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico firmada ayer.

El estatuto, que se suponía fuera aprobado en noviembre pasado, fija las fechas en las que se tiene que ceder la infraestructura de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) a operadores privados y eliminar la generación por combustibles fósiles. No obstante, las partes consultadas por este diario expresaron que el éxito de este proyecto dependerá de lo que ocurra a partir de hoy.

De hecho, las ramas Legislativa y Ejecutiva acordaron depositar en el Negociado de Energía mucho poder en cuanto a la elaboración de la reglamentación, que rige la compra y el trasbordo de energía. Tiene también a su cargo realizar un estudio independiente sobre la tarifa aplicable a la exportación de energía de generadores distribuidos después de 5 años.

“El reto está en la implementación hacia el futuro, de que esto resulte en un sistema de costos bajos y sostenibles para beneficio de los consumidores”, expresó Tomás Torres, representante de los consumidores en la Junta de Gobierno de la AEE.

El presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, Kenneth Rivera, coincidió en que la inversión que se haga para construir nuevas plantas de gas natural tiene que ser “sensata”. “Si hago una inversión demasiado grande, me estoy comprometiendo a largo plazo”, indicó sobre un asunto que podría impedir que se cumpla con las metas de energía renovable dispuestas en ley.

Rafael Llompart, asesor de políticas públicas y economía de la Junta de Energía de Estados Sureños, puntualizó que “el momento ahora es asegurar la ejecución de lo presentado en esa ley”.

La Junta de Energía de Estados Sureños recibió un contrato de $850,000 con el Departamento de Energía federal, para producir un informe con recomendaciones para la redacción de la política pública para la privatización de la AEE. Todas las recomendaciones de la Junta fueron acogidas en la ley, indicó Llompart. La versión final del informe que se les encomendó se entregará al gobierno federal en junio.

“Ahora, viene la parte de implementación, y el Departamento de Energía federal no ha tomado una decisión de si después de junio, va a tener una segunda fase (de la contratación) para continuar asesorando con efecto de (cumplir) esas métricas”, indicó en entrevista con El Nuevo Día.

Para el 31 de diciembre de 2020, la AEE tendrá que haber transferido a operadores privados todos los activos de generación, según la nueva ley.

Más temprano, en alguna fecha “próxima” a diciembre de este año, la AEE tiene que haber firmado los contratos para ceder la infraestructura de transmisión y distribución.

Tan cercano como esta semana, el director de la Autoridad de Alianzas Público Privadas (AAPP), Omar Marrero, sostuvo una reunión con las cuatro compañías que cualificaron. Estas son Duke Energy Corporation, Exelon Corporation, PSEG Services Corporation y un consorcio entre ATCO, IEM y Quanta Services Inc.

Eliminar el uso de carbón

Se fijó, mediante esta ley, la fecha límite de enero de 2028 para eliminar el uso de carbón como fuente de energía. Además, el proyecto de ley dispone que para 2025 el 40% de la energía provendrá de fuentes de energía renovable y en 2050 se contempla que toda la energía eléctrica sea de fuentes renovables.

No obstante, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares inició conversaciones con la carbonera AES, para intentar que lo logre hacer para finales de 2020. “¿Por qué esperar al 2028, cuando se puede hacer ahora?”, cuestionó.

El primer ejecutivo describió el acontecimiento de la firma de la ley como uno “histórico” porque le permitirá cambiar lo que calificó como uno de “los peores” sistemas de energía eléctrica en la región.

El mandatario hizo el anuncio frente a decenas de representantes de la industria energética y flanqueado por los senadores Larry Seilhamer, Eduardo Bhatia y el representante Víctor Pares, así como miembros de su gabinete y el director del Negociado de Energía, Edison Avilés.

Seilhamer recalcó que el lenguaje de la ley se originó de un grupo de trabajo configurado por más de 50 organizaciones y líderes de la industria energética. El vicepresidente del Senado apostó a que los grandes productores sean las comunidades y residentes. Celebró que se eliminó el impuesto contra quienes apuesten a las fuentes de energía renovable.

Reducción de tarifa se reduce a un deseo

La versión final del proyecto de ley, acordado por los cuerpos legislativos y firmada por el gobernador, dispone que las tarifas de 20 centavos el kilovatio hora será meramente una “meta aspiracional”.

Abordado sobre el particular, el gobernador señaló que “queríamos que esto estuviese totalmente abierto al mercado. Hay ‘stakeholders’ que ven que van a reducir eso significativamente, pero no queríamos poner esa restricción”.

De hecho, Torres -el representante de los consumidores ante la Junta de Gobierno- indicó que los 6.2 centavos por kvh que se proyectan en el Plan de Recursos Integrados para el pago de deuda, podrán aumentar la tarifa a 25 centavos por kvh. “Se deben de buscar alternativas que ayuden a pagar este alto valor de deuda y que no recaiga exclusivamente en los consumidores”, comentó.

El gobernador confió que, mediante esta privatización, “para Puerto Rico, los mejores años están por venir”.

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