Recurso: El Vocero

Una serie de recomendaciones que, en parte, busca reactivar la actividad económica en el menor tiempo posible luego de un desastre natural o emergencia fue presentada por la Comisión Asesora para un Puerto Rico Resiliente, para que tanto el sector público como privado y las entidades sin fines de lucro puedan adoptarlas y contar con una capacidad mayor de respuesta.

Las alternativas desarrolladas luego de un análisis apoyado por expertos internacionales están contenidas en el documento “Reimagina Puerto Rico”, que también tiene la intención de que se maximicen las oportunidades que representan los fondos de recuperación provenientes de entidades filantrópicas y de los gobiernos de Estados Unidos y Puerto Rico.

Sobre el esfuerzo multisectorial, Malu Blázquez Arsuaga, directora ejecutiva de la comisión, quien en el pasado fue directora ejecutiva de la Autoridad para el Redesarrollo de Roosevelt Roads, dijo que “se trata de un marco para desarrollo económico de inclusión, participación, apoderamiento, basado en prácticas efectivas. Se trata de una oportunidad única de desarrollo para la Isla”.

La economía local prácticamente se detuvo con el paso del huracán María, sobre todo por los daños a la infraestructura y el colapso en los servicios de comunicación, agua potable y energía eléctrica. Eso hizo que nivel de los negocios, empresas y comercios muchos no alcanzaron a reiniciar operaciones hasta muchas semanas después, y los más vulnerables optaron por permanecer cerrados.

“Se trata de trazar la ruta, crear el mapa que permite la reconstrucción de la Isla a través de la maximización de los fondos que van a llegar.

Los resultados de este informe son un paso inicial en el largo camino de reimaginar a Puerto Rico. El País debe aprovechar la coyuntura actual para promover un ejercicio de planificación unificado”, apuntó Blázquez Arsuaga.

El documento contiene 97 recomendaciones, 17 de las cuales se consideran prioridades inmediatas que abordan los elementos críticos en la recuperación y reconstrucción de Puerto Rico. Para cada una, se identificaron agencias o entidades que deberían encabezar el esfuerzo, así como asuntos críticos y de mayor desafío.

En el área de desarrollo económico, Blázquez Arsuaga hizo hincapié en la asistencia que se pueda brindar al microempresario y al pequeño y mediano comerciante, para que reanude su actividad lo más pronto posible, ya que representan el 80% del empleo formal de la Isla. En este caso, dijo que la recomendación es proporcionar herramientas que refuercen la capacidad de recuperación económica, mediante subsidios o préstamos.

Además, plantean que se flexibilice el acceso a herramientas financieras, como subvenciones y préstamos, en las instituciones bancarias. Asimismo, que se habiliten alternativas de financiamiento especializado para el suministro de energía de emergencia.

“Ya le hemos presentado el plan completo al gobierno. Nos hemos reunido con el director ejecutivo de la Autoridad de las Alianzas Público Privadas, Omar Marrero, y seguimos haciendo gestiones a nivel gubernamental, con miras a poder agilizar los trabajos”, afirmó Blázquez Arsuaga, pero aclaró que algunas de las recomendaciones se pueden materializar sin la injerencia gubernamental, aunque aceptó que con la ayuda del sector público hay asuntos que se pueden lograr de manera más rápida.

“Estamos confiados en poder contar con todos los sectores para el desarrollo del Puerto Rico que todos queremos”, agregó, y destacó que las recomendaciones pueden ser alcanzables a más tarda en un periodo de cinco años.

Recomendaciones en la parte social

Al hablar de las diferentes prioridades analizadas, Blázquez Arsuaga comentó que figura la necesidad de vivienda segura. Resaltó la urgencia de trabajar el asunto de la construcción informal, establecer tenencia y titularidad de las tierras y propiedades comunitarias, y manejar el problema de residencias desocupadas.

De otro lado, en el segmento de energía, persiguen que se establezca una red de eléctrica auxiliar de reserva confiable y diversificada, que permita dar continuidad a los servicios para las personas vulnerables e instalaciones críticas, entre las que se cuentan hospitales, escuelas, refugios y centros de servicios de emergencia, entre otros.

Igualmente habló del desarrollo de “centros comunitarios resilientes”, para mejorar la prestación de servicios durante emergencias o desastres.

Por el lado de la infraestructura natural, se contemplan soluciones basadas en la naturaleza y el desarrollo de proyectos ecológicos.

En torno a los temas de salud, educación y servicios sociales, persiguen el desarrollo de un sistema de datos gubernamentales integrados para garantizar la transparencia y la preparación efectiva.

Blázquez Arsuaga indicó que para adelantar las diferentes gestiones, a mediados de julio acudirán al Congreso federal e igualmente trabajarán la comunicación con el gobierno local para la adopción de medidas.

La comisión está respaldada por tres organizaciones que tienen una amplia experiencia en la creación de estrategias de resiliencia y en asistir a ciudades a recuperarse de desastres naturales. Estas son The Rockefeller Foundation, Open Society Foundations y Ford Foundations.